Defensa frente a sanciones administrativas graves y muy graves impuestas por CNMC, AEPD, DGT, Sanidad, Medio Ambiente y Consumo.
Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.
Contestación al acuerdo de iniciación y pliego de cargos desmontando la tipicidad de la infracción y proponiendo pruebas.
Anulación fulminante de expedientes sancionadores por superación de los plazos máximos legales de resolución.
Defensa corporativa ante expedientes sancionadores por cárteles, acuerdos colusorios o abuso de posición dominante.
Oposición frente a propuestas de multas millonarias por brechas de seguridad, transferencias internacionales o consentimientos.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
La Audiencia Nacional anula la sanción por vulneración del derecho de defensa y falta de prueba de concertación de precios.
Demostración de que la empresa actuó con debida diligencia notificando a tiempo y mitigando el ciberataque.
El Tribunal declara la caducidad del procedimiento sancionador al haberse superado en 14 días el plazo máximo legal de 6 meses.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de la potestad sancionadora), Ley 39/2015 y garantías del art. 24.2 de la Constitución Española. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.
Analizamos su asunto con absoluta reserva profesional. Respuesta y preevaluación en menos de 2 horas hábiles.
674 019 098 (Disponibilidad inmediata)
Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
