Reclamación de indemnizaciones económicas frente al Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos por daños causados por el funcionamiento de servicios públicos.
Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.
Reclamaciones a Ayuntamientos y Demarcaciones de Carreteras por accidentes o desperfectos provocados por mal estado de la vía pública.
Reclamación frente a los Servicios de Salud autonómicos por retrasos diagnósticos, errores quirúrgicos o falta de consentimiento informado.
Reclamaciones millonarias derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea.
Indemnización por gastos y pérdidas causadas por la anulación judicial de planes generales o licencias concedidas indebidamente.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
Sentencia estimatoria del TSJ reconociendo mala praxis por retraso injustificado de 4 horas en la realización de un TAC urgente.
Indemnización concedida por el Consejo de Ministros tras la anulación del tributo municipal indebidamente ingresado.
Condena al Ayuntamiento a indemnizar todos los costes de obra y proyecto tras declarar el juez ilegal la licencia otorgada.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 106.2 de la Constitución Española. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.
Analizamos su asunto con absoluta reserva profesional. Respuesta y preevaluación en menos de 2 horas hábiles.
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Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
