Dirección letrada en reclamaciones económico-administrativas y recursos contencioso-tributarios ante Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.
Interposición y sustanciación de reclamaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y el Central.
Defensa judicial ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional.
Preparación e interposición de recursos de casación acreditando interés casacional objetivo para la fijación de doctrina vinculante.
Planteamiento de incompatibilidad de la normativa tributaria española con las Libertades Fundamentales del Tratado de la UE.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
La Audiencia Nacional estima nuestro recurso contencioso anulando el ajuste por precios de transferencia de la Inspección.
Anulación fulminante de una sanción de 340.000€ impuesta a un grupo logístico por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Sentencia estimatoria del Supremo que rectifica el criterio de Hacienda respecto a la exención en la reinversión de plusvalías.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Reglamento de Procedimiento de Reclamaciones Económico-Administrativas (RD 520/2005) y Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.
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Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
