Defensa penal y acusación particular en procedimientos por administración desleal, falsedad en balances societarios, apropiación indebida y vaciamiento patrimonial.
Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.
Actuación procesal ante extralimitaciones en las facultades de administración que causan perjuicio patrimonial a la sociedad.
Defensa y acusación por formulación de balances falseados (art. 290 CP) que inducen a error sobre la situación jurídica y económica.
Persecución de mayorías que imponen acuerdos en beneficio propio y con ánimo de lucro en perjuicio de la masa social.
Defensa de consejeros o acusación por obstaculización dolosa del derecho de información de socios y partícipes societarios.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
Querella criminal y embargo cautelar inmediato de patrimonio personal por transferencias no autorizadas a sociedades interpuestas.
Defensa técnica del consejo de administración logrando el sobreseimiento libre por inexistencia de falsedad documental dolosa.
Acción penal por vaciamiento patrimonial con anulación de las ventas fraudulentas y restitución del activo a la sociedad matriz.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Artículos 252, 290 a 297 del Código Penal español y Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en tribunales ordinarios y Audiencia Nacional. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.
Analizamos su asunto con absoluta reserva profesional. Respuesta y preevaluación en menos de 2 horas hábiles.
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Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
