Defensa contenciosa de alta instancia en procedimientos ordinarios ante Juzgados de lo Mercantil, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo.
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Conducción procesal integral en litigios civiles y mercantiles de más de 15.000 € hasta decenas de millones de euros.
Selección, dirección y defensa en sala de dictámenes periciales económicos, técnicos, médicos y arquitectónicos.
Impugnación técnica de sentencias desestimatorias mediante recursos de apelación rigurosamente fundamentados.
Negociación de acuerdos transaccionales en cualquier fase del pleito para mitigar riesgos y fijar liquidaciones definitivas.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
Sentencia estimatoria íntegra con condena en costas a la multinacional demandada por incumplimiento de pactos reservados.
La Audiencia Provincial anula la sentencia de primera instancia y absuelve a nuestro cliente de una reclamación de 1,2M€.
Defensa victoriosa de la constructora acreditando que los retrasos fueron causados por deficiencias del proyecto básico del promotor.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC), doctrina unificada de la Sala Primera del Tribunal Supremo y garantías constitucionales de tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
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Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
